LOS ANGELES (AP) - Cuatro trabajadores sociales de Los Ángeles han sido acusados de abuso infantil y de obrar con tanta negligencia que fueron responsables de la muerte de un niño 8 años.
Una orden de arresto emitida el 28 de marzo los identifica como Stefanie Rodriguez, de 30 años; Patricia Clement, de 65; Kevin Bom, de 36 y Gregory Merritt, de 60.
Los cuatro empleados, entre ellos dos supervisores, están también acusados de falsificar documentos públicos.
Los trabajadores sociales debían comparecer ante el tribunal el jueves pero no queda claro si tenían abogado. La fiscalía ha pedido que sean detenidos con una fianza de 155.000 dólares cada uno.
Los empleados están acusados en conexión con la muerte de Gabriel Fernandez, ocurrida el 24 de mayo del 2013. El pequeño presentaba heridas que incluían fractura de cráneo, fractura de las costillas y quemaduras por todo el cuerpo.
La madre del chico, Pearl Fernandez y su novio Isauro Aguirre, han sido acusados de asesinato y están encarcelados aguardando el juicio. La fiscalía ha dicho que en su caso pedirán la pena de muerte.
De ser hallados culpables de abuso infantil y de falsificar documentos públicos, los trabajadores sociales podrían ser condenados a hasta 10 años de cárcel.
"Los trabajadores sociales desempeñan un rol vital en la sociedad. A ellos les conferimos la responsabilidad de proteger a nuestros niños necesitados", declaró el fiscal Jackie Lacey al anunciar los cargos el jueves. "Cuando su negligencia es tal que se convierte en actitud criminal, son los niños los que corren peligro".
El Departamento de Atención Familiar e Infantil había abierto el caso sobre Gabriel el 31 de octubre del 2012, más de seis meses antes de su muerte, y Lacey indicó que era responsabilidad de los trabajadores sociales protegerlo.
La fiscalía sostiene que Rodriguez y Clement falsificaron documentos que deberían haber mostrado que Gabriel sufría de abusos cada vez peores, y que sus familiares habían abandonado gestiones de reconciliación. Aseveran que Bom y Merritt, los supervisores, sabían o debían haber sabido que esos documentos no decían la verdad.
"Al minimizar la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que estaba sufriendo Gabriel, estos trabajadores sociales permitieron que este niño vulnerable permaneciera en ese hogar y siguiera siendo maltratado", expresó Lacey.
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