Las medidas ejecutivas en materia de inmigración planteadas por el presidente Barack Obama enfrentan la más crucial de sus pruebas, en tanto la Corte Suprema de Justicia escuchará este lunes los argumentos de quienes la impugnan y mantienen suspendida.
El llamado “alivio migratorio”, engloba una serie de disposiciones que detienen la deportación de inmigrantes indocumentados y les provee estatus legal temporal a través de los programas DACA y DAPA. Dichas medidas fueron apeladas por diversos estados y podrían beneficiar a más de cuatro millones de indocumentados.
Texas, acompañado otros 25 estados, será el encargado de presentar los argumentos por los cuales las medidas serían inconstitucionales. Entre las razones esgrimidas por la fiscalía de Texas, se encuentra que en su opinión el presidente se extralimitó al decidir en la materia y los costos infranqueables que ocasionaría generar documentos para aproximadamente 560,000 inmigrantes sin papeles ubicados en Texas que serían potenciales beneficiarios.
Esta idea es apoyada por Irene García, de Judicial Watch, quien señala que la decisión de Obama va en contra de la Constitución. “Barack Obama se ha tomado una atribución que es responsabilidad del Congreso (…) no puedo predecir la decisión de la Corte, pero sin duda es el Congreso el que debe tomar acción en materia migratoria”.
Por su parte, la acción ejecutiva deberá ser defendida por los abogados del Departamento de Justicia, quienes también tendrán oportunidad de presentar a los magistrados de la Corte las razones por las que consideran que el Presidente no violó la Constitución.
Hasta el momento, se espera que la audiencia sea el escenario para ver la correlación de fuerzas dentro del Supremo. Es importante destacar que después de la muerte del magistrado Anthonin Scalia, la Corte quedó reducida a ocho jueces, por lo que se requerirá al menos cinco votos favorables para que los alivio migratorio pueda entrar en vigor.
Pero esa no es la única posibilidad. Hay otros escenarios, pues si hay un empate se ratifican las decisiones de las cortes inferiores que impidieron la implementación de las acciones ejecutivas o, incluso, los magistrados podrían postergar la votación para esperar la incorporación de quien sustituya a Scalia.
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